Unidad 5 Las reglas del juego: ¿Quién obtiene qué y por qué?

5.14 Caso práctico: conflictos de interés y negociaciones sobre salarios, contaminación y trabajos

Bruno y Ángela tienen intereses contrapuestos sobre las horas de trabajo y el reparto del trigo. Podemos aplicar un modelo similar a situaciones donde se dan conflictos de intereses sobre cuestiones medioambientales. Los conflictos surgen porque la calidad ambiental nunca es igual para todo el mundo. Cuando los gases de efecto invernadero y los contaminantes degradan un entorno, algunas personas sufren más que otras dependiendo del lugar donde se encuentren y de su renta, mientras que otras se benefician de la actividad económica que causa esos daños.

externalidad, efecto externo

Un efecto externo se da cuando la actuación de una persona aporta un beneficio o supone un coste a otras, y ese coste o beneficio no fue tenido en cuenta por quien realizó la acción. Las externalidades también se denominan efectos externos.

Por ejemplo, en 2008 y 2009, dos vertidos de crudo en el delta del río Níger, en Nigeria, destruyeron los caladeros de pesca. Los vertidos se debieron a actividades de extracción de petróleo de la compañía angloneerlandesa Royal Dutch Shell. Los abogados del pueblo ogoni, que fue quien sufrió esos efectos externos, interpusieron una demanda contra la filial nigeriana de Shell ante los tribunales británicos. En 2015, Shell llegó a un acuerdo extrajudicial y pagó 3525 libras por cada persona afectada, de las cuales 2200 fueron a parar a cada individuo y el resto se destinó a financiar bienes públicos de la comunidad. Aquella indemnización era superior a lo que la mayoría de la población ogoni ganaba en un año. Los abogados representantes de esta comunidad ayudaron a abrir cuentas bancarias para los 15 600 beneficiarios.

Es posible que esas cantidades compensaran en parte al pueblo ogoni por la pérdida de un entorno saludable (el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha calculado que la recuperación costará 1000 millones de dólares y llevará 30 años). En el caso de la Royal Dutch Shell, el acuerdo la obliga a asumir al menos parte del coste de los efectos externos negativos de sus actividades, y eso tal vez anime a los propietarios de esta compañía (y de otras que extraen crudo del delta) a modificar sus prácticas.

Años antes sucedió algo parecido en Estados Unidos. En 1974, una gigantesca fundición de plomo, plata y zinc propiedad de la Bunker Hill Company era la única gran empresa que daba trabajo en la ciudad de Kellogg, en el estado de Idaho, y tenía 2300 personas empleadas. Muchos niños de la localidad desarrollaron síntomas similares a los de la gripe. Los médicos descubrieron que se debían a altos niveles de plomo en sangre, lo bastante elevados como para afectar al desarrollo cognitivo y social.

Se vio que tres hijos de Bill Yoss, soldador de la fundición, tenían concentraciones tan elevadas que corrían el riesgo de sufrir envenenamiento por plomo. «No sé dónde acabaremos», dijo a un reportero de People. «Puede que nos marchemos del estado».

La compañía se negó a hacer públicos sus propios estudios sobre los niveles de emisión de plomo de la fundición y proclamó que si no se relajaba la normativa sobre emisiones en ese estado, la fundición tendría que cerrar, y así lo hizo en 1981. El personal empleado en ella buscó trabajo en otros lugares. El valor de las viviendas y los negocios de la localidad se desplomó hasta situarse en un tercio del que habían tenido con anterioridad. Las escuelas locales, financiadas con impuestos sobre la propiedad, dejaron de tener fondos para atender a la población que se quedó.

Un modelo de intereses ambientales en conflicto

Modelicemos la situación que se dio en Bunker Hill a partir de una ciudad hipotética que llamaremos Browneville donde solo hay una empresa que da trabajo a toda la población activa local, pero cuyas emisiones tóxicas suponen una amenaza para la salud de sus habitantes. La empresa puede modificar la cantidad de emisiones que soporta la ciudad, pero el coste de reducir las emisiones implica una pérdida de beneficios. El dueño de la empresa (que es quien asume el coste) vive lo bastante lejos de las emisiones como para que no repercutan en la calidad de su entorno. De ahí que exista un conflicto de intereses entre la ciudadanía y el propietario de la empresa sobre la cantidad de emisiones. También hay un conflicto laboral entre empleador y empleados sobre el nivel salarial. Podemos considerar que la ciudadanía valora la «calidad ambiental», la cual decrece con el aumento de las emisiones.

La ciudadanía tiene algún poder para influir en el resultado porque (igual que Ángela en los casos 2 y 3) cada cual es libre de abandonar Browneville y buscar trabajo en otra parte. De modo que la empresa debe ofrecer unas medidas de calidad medioambiental y salarial que al menos resulten tan deseables como la opción de reserva de la plantilla, que se corresponde con lo que cada persona espera obtener si abandona Browneville. A este límite mínimo de lo que tiene que ofrecer la empresa a la ciudadanía lo llamaremos «condición para abandonar la ciudad».

De igual manera, el propietario de la empresa tiene poder ante la ciudadanía porque también tiene la posibilidad de «decir no». El plan salarial y medioambiental no tiene que ser tan costoso como para que prefiera elegir su propio plan de reserva, que es echar el cierre, trasladarse a otro lugar y dejar a la población desempleada. Este límite de costes es la «condición de cierre» de la empresa. Pone límites al acuerdo que puede alcanzar la ciudadanía con ella.

Representamos las preferencias de la población y de la empresa en la figura 5.30, con el salario que recibe la plantilla, \(w\), en el eje horizontal, y el nivel de calidad medioambiental que experimenta la ciudadanía en el eje vertical. Para medir de forma sencilla la calidad ambiental usamos la cantidad que gasta la empresa en reducir sus emisiones.

Suponemos que, como Ángela, la ciudadanía tiene curvas de indiferencia que son desplazamientos en vertical unas de otras (preferencias cuasilineales). Su relación marginal de sustitución (RMS) entre salarios y calidad ambiental depende tan solo del salario, de ahí que las curvas de indiferencia de todos los salarios tengan la misma derivada.

Al dueño de la empresa le importan sus costes totales, es decir, la factura salarial más lo que se gasta en reducir emisiones. Podemos mostrar las curvas de indiferencia de la empresa trazando líneas que pasen por distintas combinaciones de salarios y calidades ambientales que tengan el mismo coste total. A lo largo de esta línea, los costes totales son constantes, de modo que cada dólar adicional gastado en medioambiente lleva asociada una reducción de un dólar en la factura salarial. Esto significa que la RMS de la empresa es constante: sus curvas de indiferencia son líneas rectas. Sigue el análisis de la figura 5.30 para hallar los posibles resultados de esta interacción.

La situación ilustrada en la figura 5.30 es similar al caso 3 del ejemplo de Ángela y Bruno, donde había una serie de resultados paretoeficientes sobre los que podían negociar. Una vez más, dado nuestro supuesto sobre las preferencias de los ciudadanos, podemos medir la ganancia como la distancia vertical entre las curvas de indiferencia de reserva de la empresa y las de la ciudadanía, y la curva de eficiencia de Pareto es una línea recta.

La curva de eficiencia de Pareto

Las asignaciones paretoeficientes entre sueldos y calidad ambiental maximizan la ganancia conjunta. Estas se dan allí donde las curvas de indiferencia de la empresa y la ciudadanía son tangentes entre sí:

\[\text{RMS de la ciudadanía} = \text{RMS de la empresa}\]

Esto ocurre en todas las asignaciones con un salario w*: la curva de eficiencia de Pareto es la línea vertical que pasa por w* en la figura 5.30.

Si profundizamos un poco más, nuestros supuestos de partida (que tanto la calidad ambiental, \(E\), como el salario, \(w\), se miden en dólares, y que la ciudadanía tiene preferencias cuasilineales) nos brindan una forma sencilla de medir los cambios en la utilidad y calcular la RMS.

utilidad marginal

Utilidad adicional que resulta de un aumento de una unidad en la cantidad de un bien.

La ciudadanía valora las mejoras en la calidad ambiental de la misma manera, con independencia del salario. Así que podemos decir que un aumento de 1 dólar en \(E\) incrementa su utilidad en 1 dólar, sea cual sea el salario. En cambio, un aumento de 1 dólar en el gasto en salarios eleva la utilidad en una cantidad que indicamos mediante MU, es decir, la utilidad marginal. La ciudadanía tiene una utilidad marginal decreciente para los salarios: valora mucho los aumentos de salario cuando este es bajo, pero MU disminuye a medida que el salario aumenta.

Esto se puede utilizar para entender la forma arqueada de las curvas de indiferencia de la ciudadanía. Para calcular la derivada (RMS), supongamos que los salarios aumentan 1 dólar. La derivada, negativa, de la curva de indiferencia es la reducción en \(E\) que se necesita para mantener la utilidad constante. El aumento del salario incrementa la utilidad en MU dólares, de modo que la reducción requerida en \(E\) es MU dólares:

\[\text{RMS de la ciudadanía} = \text{utilidad marginal de los salarios}\]

El aplanamiento de las curvas de indiferencia a medida que los salarios aumentan se corresponde directamente con la disminución de la utilidad marginal de los salarios.

La RMS de la empresa se puede calcular de la misma manera. Recuerda que la empresa es indiferente entre combinaciones de w y \(E\) que implican el mismo coste total. Si n es el tamaño del personal empleado en la fundición, los costes de la empresa vienen dados por:

\[\text{coste total} = E + wn\]

Supongamos que el salario aumenta 1 dólar. Entonces la factura salarial aumenta n dólares. Para mantener constantes los costes totales, \(E\) deberá reducirse en n dólares. Así que la derivada, negativa, de las curvas de indiferencia de la empresa es n dólares:

\[\text{RMS de la empresa} = n\]

Las asignaciones paretoeficientes de los salarios y la calidad medioambiental se encuentran en puntos tangentes a las curvas de indiferencia, es decir, allí donde la RMS de la ciudadanía y de la empresa son iguales. De modo que la condición para que haya eficiencia de Pareto es:

\[\text{MU} = n\]

En la figura 5.30, w* es el salario con el que se cumple esta condición.

¿Cómo se decidirá la asignación?

Poder estructural

El conflicto acabará con uno de estos resultados:

• la empresa cierra;
• la ciudadanía se marcha de la ciudad;
• el conflicto se resuelve de alguna manera intermedia entre la condición de cierre y la condición para abandonar la ciudad.

La posición de las condiciones de cierre y para el abandono de la ciudad refleja el poder estructural del dueño de la empresa y de la ciudadanía. Esto es así porque estas condiciones dependen de la siguiente mejor alternativa para ambas partes: los beneficios que podría conseguir la empresa si se afinca en otro lugar y la suerte que correría la ciudadanía en alguna otra localidad.

Poder de negociación

Si la empresa no cierra y la ciudadanía no se marcha, entonces el resultado del conflicto (algún punto intermedio entre ambas condiciones) estará determinado por el poder de negociación del empresario y la ciudadanía. Cualquier asignación de salarios y calidad ambiental situada dentro del área sombreada de la figura 5.30 será una asignación factible.

Las asignaciones situadas sobre la línea vertical que va de C a F son tanto factibles como paretoeficientes. Si el resultado cae sobre esta línea, la distancia entre C y F (E^max − E^min) es la ganancia total. La ciudadanía obtiene rentas más altas cerca de C; la renta de la empresa es más elevada cerca de F. Aun así, no podemos decir qué resultado se dará a menos que sepamos algo más sobre el poder de negociación de la ciudadanía y de la empresa.

La empresa tiene todo el poder de negociación

Si la empresa pudiera lanzar sin más un ultimátum de «o lo tomas o lo dejas», entonces podría elegir el punto F y diríamos que tiene todo el poder de negociación. En este caso, sus costes se situarían muy por debajo del nivel de cierre; obtendrá pingües beneficios y emitirá sustancias tóxicas con total libertad. La diferencia (E^max − E^min) aparece como beneficio en las cuentas de la empresa. Pero la calidad medioambiental se sitúa al nivel mínimo admisible para la ciudadanía: (E^max − E^min) también se revela como una exposición a riesgos para la salud en sus historiales médicos.

La ciudadanía tiene todo el poder de negociación

Si la ciudadanía tiene poder para decidir el resultado por sí misma, impondrá el punto C, con una calidad ambiental E^max. La utilidad (o el bienestar) de las personas que residen en la ciudad sería lo más alta posible teniendo en cuenta que la empresa tiene que obtener suficientes beneficios para continuar en marcha.

El reparto de las ganancias mutuas

La manera en que se reparten las ganancias derivadas de una interacción (el pastel) entre dos partes depende del poder relativo de negociación de cada parte. Si tanto la ciudadanía como la empresa tienen algún poder de negociación, tal vez sean capaces de llegar a un resultado intermedio entre C y F compartiendo la ganancia (E^max − E^min).

Un punto como P en la figura 5.30 sería posible si la ciudadanía actuara conjuntamente a través del ayuntamiento de la ciudad para imponer por ley un umbral mínimo de bienestar en la localidad para que la empresa continúe operando en ella. La actuación conjunta les reportaría más poder de negociación que si se limitaran a amenazar con marcharse de manera individual: podrían exigir que las decisiones de la empresa proporcionaran un nivel de utilidad mayor para la ciudadanía que el que brindaría la condición individual de cada persona para abandonar la ciudad.

En este caso, el poder de negociación estaría afectado no solo por las opciones de reserva de ambas partes sino también por:

• la capacidad para imponer una ley: Es posible que las autoridades de la ciudad no tengan capacidad para hacer cumplir una ley que limite las emisiones de la empresa.
• la información comprobable: Es posible que la ciudadanía no tenga suficiente información sobre los niveles y los peligros de las emisiones para ganar un litigio en los tribunales. Si así fuera, la empresa no cumpliría con el nivel de emisiones acordado correspondiente al punto P.
• el consenso ciudadano: Si la ciudadanía de la localidad no estuviera de acuerdo sobre los riesgos que entrañan las emisiones, entonces cabe la posibilidad de que las autoridades electas de la ciudad encargadas de legislar para limitar las emisiones no salgan reelegidas.
• el cabildeo: Es posible que la empresa consiga convencer a la ciudadanía de que sus inquietudes en relación con la salud son infundadas o tienen poco que ver con las emisiones de la empresa.
• un recurso legal: Puede que la empresa esté autorizada por ley a emitir cualquier nivel de emisiones que considere rentable (tal vez debido a la compra de permisos para ello).